La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el Plan de Inclusión Financiera 2025–2030, una estrategia que busca ampliar el acceso a servicios bancarios, crédito, seguros y pagos digitales para millones de mexicanos, con énfasis en mujeres, jóvenes, comunidades rurales y otros sectores vulnerables. El plan también contempla fortalecer la infraestructura de pagos, impulsar la educación financiera y promover herramientas digitales que faciliten la bancarización.
A partir de este anuncio, resulta pertinente analizar su alcance real, sus posibles beneficios y los desafíos que enfrenta su implementación, especialmente en un país donde la inclusión financiera continúa siendo una tarea pendiente.
Un paso en la dirección correcta, pero con un reto estructural por delante
El nuevo plan llega en un momento clave: México mantiene brechas significativas en acceso a crédito formal, ahorro bancario y protección financiera. Según diversas encuestas nacionales, una parte considerable de la población sigue utilizando efectivo como principal medio de pago, y un porcentaje relevante continúa excluido del sistema financiero por falta de infraestructura, educación económica o desconfianza hacia las instituciones.
Desde mi experiencia analizando el sector financiero mexicano, considero acertado que Hacienda aborde el problema desde múltiples frentes: infraestructura, educación y digitalización. La inclusión no se logra únicamente abriendo cuentas; requiere construir un ecosistema donde los usuarios comprendan, confíen y se beneficien de los productos financieros.
Lo positivo: digitalización, acceso y democratización del crédito
El enfoque en herramientas digitales es una de las fortalezas del plan. En un país con amplia penetración móvil, el uso de billeteras digitales, pagos QR y banca móvil puede acelerar la inclusión más rápido que las estrategias tradicionales basadas en sucursales físicas.
Además, impulsar el acceso al crédito formal —especialmente para mujeres y microemprendedores— puede generar efectos multiplicadores en productividad, emprendimiento y movilidad social.
Si el programa logra favorecer la competencia entre bancos, fintech y cooperativas, también podría reducir costos y mejorar la calidad de los servicios financieros.
Los matices: inclusión sostenible y riesgo de brechas persistentes
No obstante, el plan enfrenta desafíos que no pueden ignorarse:
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Educación financiera insuficiente. Si los usuarios no comprenden tasas, comisiones o riesgos, la inclusión puede convertirse en sobreendeudamiento.
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Desigualdad digital. No todas las comunidades cuentan con conectividad estable, lo que limita la adopción de soluciones móviles.
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Confianza institucional frágil. La percepción negativa hacia bancos y autoridades es una barrera estructural para la bancarización.
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Falta de productos adaptados. Ofrecer cuentas básicas no basta; se requieren productos que respondan a realidades locales: ingresos irregulares, informalidad laboral, baja alfabetización y hábitos de pago distintos.
Desde mi perspectiva, uno de los riesgos centrales es creer que la digitalización, por sí sola, resolverá el problema. La inclusión financiera sostenible siempre requiere acompañamiento, regulación clara y supervisión adecuada.
Una oportunidad para redefinir el sistema financiero mexicano
El plan de Hacienda tiene el potencial de abrir una nueva etapa para México si logra coordinar a bancos, fintech, entidades reguladoras y gobiernos locales. El reto será transformar una iniciativa de política pública en resultados tangibles: más cuentas activas, mayor acceso a crédito responsable, productos de ahorro reales y protección financiera efectiva.
El país necesita no solo más servicios financieros, sino mejores servicios financieros, diseñados para su población y sus realidades económicas.
Conclusión
El Plan de Inclusión Financiera 2025–2030 representa un avance estratégico para cerrar brechas históricas en el acceso a servicios financieros. Se trata de un esfuerzo ambicioso que combina digitalización, educación y modernización del sistema. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de convertir estas medidas en inclusión real y sostenible, especialmente para los sectores tradicionalmente excluidos.
México tiene una oportunidad para consolidar un sistema financiero más equitativo, eficiente y orientado a las necesidades de su población. Aprovecharla requerirá constancia, coordinación institucional y una visión de largo plazo.
